Asamblea Constituyente hecha por y para el Pueblo

Un alza de $30 a la tarifa del transporte público fue la gota que rebalsó la paciencia de la comunidad, estudiantes, pobladores y trabajadores que se organizaron para luchar por sus derechos fundamentales a través de marchas e intervenciones históricas. Lo que vino después en respuesta por parte del Gobierno se resume en la declaración de guerra que emanó la presidencia, abuso militar y policial, sistemáticas violaciones a los derechos humanos, torturas, mutilaciones y muertes.

La calle clama Justicia y Dignidad, y Chile despertó con una consigna clara de #AsambleaConstituyente. Demanda que se puede reflejar en el resultado de consultas ciudadanas, donde al menos un 95% de los participantes manifestó estar de acuerdo con llevar a cabo el proceso.

Como organización sindical tenemos la convicción de que el documento será fructífero siempre y cuando sea escrito por y para el pueblo. Para comenzar debemos reconocer a Chile como un país polarizado, donde el 1% más acaudalado es dueño el 26,5% del PIB, un país donde el bolsillo del empresario es más importante que la calidad de vida del trabajador. Siendo conscientes de esta injusticia social e inequidad de oportunidades comprenderemos que es imposible adoptar la libertad económica de la que nos hablan, cuando las riquezas las concentran unos pocos y el poder de endeudamiento es fatal.

Este debate, que es de interés de toda la sociedad (durante noviembre fue el libro de la Constitución Chilena el segundo más vendido en el país), reconoce a la Constitución como la norma fundamental del Estado, estableciendo cómo se organiza y distribuye el poder, cuáles son los derechos de las y los ciudadanos y cómo se crean las otras normas del sistema (leyes, decretos, reglamentos). Es decir, delimita las reglas básicas del juego.

Entonces, desde una visión democrática, es el pueblo (todos los sectores de la sociedad) quien posee el poder constituyente. En resumen, una Constitución es –y debe ser- el resultado de un consenso político alcanzado por toda la sociedad en un momento histórico determinado.

Argumentos para un cambio de Constitución:

El actual documento no tiene legitimidad democrática, fue creado bajo la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, y no recogió los valores e idearios de nuestra sociedad.

Fue escrita por la Comisión Ortúzar (grupo de juristas de confianza de la Junta Militar) en el año 1980, y aprobada por un plebiscito que no cumplió con las condiciones que garantizan una votación democrática y un escrutinio transparente. Además, el objetivo de esta Constitución fue impedir que algunas decisiones políticas se pudieran tomar: como la inconstitucionalidad de retirar fondos de pensiones.

Luego, ya en democracia se han realizado varias reformas superficiales que no responden a los cambios profundos que la ciudadanía exige.

Entonces podemos resumir que, la actual Constitución no posee una base de consenso político-social-económico y que sólo beneficia a un determinado sector privilegiado del país. Además, plasma un modelo de gobernanza neoliberal que conlleva una mínima intervención del Estado y que se maneja bajo la lógica de mercado con un Estado subsidiario.

Es importante destacar que la actual Constitución no garantiza derechos sociales ni económicos como en otras Constituciones. En la nuestra se establecen libertades, donde se privilegia la libertad de quienes proveen los “servicios básicos” (educación, salud, transporte) y de quienes pueden adquirirlos (pagando).

Ejemplo de esto: en Chile existe la libertad de acceso a la salud, pero no la garantía del derecho de salud pública y de calidad.

El Estado sólo interviene en respuesta a las demandas del mercado por encima de los derechos sociales de toda la comunidad. El ejercicio de nuestros derechos no se encuentra debidamente garantizado.

Entonces, Chile posee un Estado débil y subsidiario, cuyo sistema público prioriza la libertad de los privados al momento de ofrecer servicios y no la necesidad de que estos servicios sean garantizados para la comunidad.

¿En qué nos beneficiaría como trabajadores?

Podríamos terminar con el sistema de AFP, garantizar la titularidad sindical en negociación colectiva y negociación por rama; eliminar la subcontratación en el giro principal de la empresa ya que precariza el trabajo; entre otros temas.

¿Qué nos por hacer?

Prepararnos como ciudadanos ante el proceso constituyente: activar, mejorar y fortalecer las organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones que facilitan articular a la comunidad.

Debemos profundizar en los procesos de discusión y educación, como ya se está haciendo autoconvocadamente en la mayoría de las comunas del país, organizados en su mayoría por estudiantes, trabajadores y actores de la ciudadanía civil.

Como sociedad tenemos que apuntar a un sistema político más equitativo que abandone el modelo de los hombres ricos al poder, donde podamos crear una Constitución que respetemos y queramos desde todos los sectores de la sociedad: una nueva Constitución que establezca reglas equitativas para todas las personas.

La nueva Constitución es un proceso social, y para que funcione como tal, debe ser bajo un proceso participativo e inclusivo. Como sociedad no podemos seguir amparando un parlamento de ricos legislando sobre sistemas públicos para pobres, que ellos no ocupan y que –según demuestran sus declaraciones- están lejos de asimilar cómo funcionan desde su fundamento hasta los hechos.

Sólo empoderándonos de la elaboración de una nueva Constitución, lograremos establecer las normas fundamentales que respondan a las históricas demandas sobre educación, pensiones, recursos naturales, salud y vivienda digna.

Los cimientos de una nueva constitución popular

Durante diciembre de 2019 se desarrolló en Antofagasta el primer Encuentro Zonal de Asambleas y Autoconvocadas y Cabildeo del Norte Grande de Chile. La jornada contó con la participación de representantes de agrupaciones de estudiantes, trabajadores, pobladores, pueblos originarios y artistas, de diversas zonas desde Arica a Copiapó.

Esta iniciativa tiene como base el levantamiento de una nueva constitución elaborada por y para el pueblo, que responda a las reales necesidades de la comunidad y no sólo a la avaricia de unos pocos. Durante la instancia se trataron temáticas entorno a pliego del pueblo (demandas recogidas de Cabildos), Constituyente Popular, Justicia y Derechos Humanos, además se establecieron iniciativas de lucha popular, culminando con una gran marcha por la costanera de la ciudad.

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE A ASAMBLEASZONALNORTE@GMAIL.COM

Ley antisaqueos y el derecho al anonimato 

Mientras se traza el camino para una nueva Constitución que nos blinde como una sociedad libre y soberana, el Gobierno de Sebastián Piñera continúa apostando por la represión y criminalización del despertar social.

Es de suma urgencia y necesidad que como trabajadores y pobladores seamos conscientes de lo que significa la Ley Antisaques y Anticapucha y las repercusiones que conllevará en la expresión social y manifestación sindical.

Se trata de leyes represivas muy bien narradas, acciones que ya se han tomado en otros países donde se han registrado potentes movimientos sociales (como Ucrania), usando la legislación como una herramienta inhumana para controlar la denuncia ciudadana sin responder con reales soluciones. Una de las iniciativas propuestas por el Gobierno, busca agregar al artículo 269 del Código Penal, el cual tipifica el delito de desorden público bajo las condiciones de que “quienes cubran su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena establecida en el mencionado inciso, aumentada en un grado”.

El Gobierno busca de este modo reprimir, criminalizar y apresar a sus opositores sin mayores pruebas (basta el testimonio de un Carabinero) y así inhabilitarlos y restar fuerza al movimiento social. Mientras, Carabineros de Chile continúa reprimiendo brutalmente, llegando a la mutilación, durante estos más de 70 días de protesta.

Como dirigentes rechazamos tajantemente la postura dictatorial de quienes nos gobiernan y exigimos verdad, justicia y reparación de las sistemáticas vejaciones que el Gobierno ha ordenado ejecutar contra su propio pueblo. ¡No más impunidad!

Finalmente, reiteramos el llamado a nuestras bases a continuar unidos y fuertes ante los desafías que se nos avecinan, donde la madurez sindical, lealtad y compromiso serán claves para nuestro desarrollo. Recuerda que a nuestra organización la conforma cada uno de los patos negros… Asiste, participa y difunde.

¡LA CONSTITUYENTE NACERÁ DESDE EL PUEBLO PARA EL PUEBLO, CONSTRUYÁMOSLA JUNTOS POR LA VÍA POPULAR!

 

¡Arriba las y los que luchan!